16 de septiembre de 2026
GINEBRA (16 de septiembre de 2026) – A pesar de las limitadas mejoras observadas en la situación de los derechos humanos en Venezuela, las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas, afirmó hoy la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
En su último informe y un documento de investigación complementario, la Misión examinó los acontecimientos ocurridos durante el último año, presentó conclusiones detalladas sobre las violaciones de derechos humanos que continúan produciéndose y ofreció su análisis más exhaustivo hasta la fecha sobre años de graves abusos de derechos humanos cometidos por grupos civiles armados progubernamentales conocidos como colectivos, así como sobre los vínculos de dichos grupos con el Estado.
La Misión observó una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro. En el período posterior, las autoridades excarcelaron a cientos de personas detenidas por motivos políticos y permitieron un margen algo mayor para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil.
Sin embargo, estos cambios no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos. Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas. No se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos, que han sido una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario. Los periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana. Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones continúan ocupando, o han sido reasignados a, puestos clave, mientras que la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes del pasado persiste.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles,” declaró Sofía Macher, Presidenta de la Misión. “Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de derechos humanos, no avances tentativos e incompletos.”
La Misión siguió documentando patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos. En el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, documentó prácticas que incluyen la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la “máquina del tiempo.” En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, investigó el confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, la exposición al frío, la privación de alimentos y otras prácticas degradantes. La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura solo después del 3 de enero, lo que indica que estas prácticas siguen siendo generalizadas.
La Misión también advirtió que cientos de personas continúan expuestas a condiciones de detención deplorables, con acceso severamente restringido a agua potable segura, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica. Concluyó que varios casos de muerte bajo custodia de personas detenidas por motivos políticos estuvieron relacionados con la falta de acceso a atención médica adecuada y con malos tratos. Entre los casos investigados figura el de Víctor Quero Navas, vendedor ambulante que falleció bajo custodia mientras era víctima de desaparición forzada. A pesar de su incansable búsqueda de respuestas, su madre solo fue informada de su destino más de un año después de su detención y diez meses después de su fallecimiento. Carmen Teresa Navas murió diez días más tarde.
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos, el 94 % de las cuales ocurrieron antes de finales de 2025. Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración destinados a intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
Aunque las excarcelaciones redujeron significativamente el número de presos políticos, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 379 y 500 personas seguían detenidas. La ausencia de información oficial, transparente y verificable hace imposible determinar con precisión quiénes han sido liberados, dónde se encuentran las personas que permanecen detenidas y cuál es su situación jurídica.
“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas,” afirmó María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión. “Venezuela también debería revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas.”
La Misión instó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos destinados a poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho.
“Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales,” añadió Alex Neve, otro de los expertos de la Misión. “Al mismo tiempo, el contexto descrito en nuestros informes exige que los Estados continúen brindando protección internacional a los venezolanos que se encuentran fuera del país.”
La investigación específica sobre los colectivos concluyó que estos grupos constituyen un componente central del aparato represivo del Estado y de un sistema más amplio de gobernanza local y control social. Operan con distintos grados de apoyo institucional y, en numerosos casos, en coordinación, complementariedad o convergencia con autoridades estatales y fuerzas de seguridad. La superposición es tal que miembros de esas fuerzas se han incorporado a grupos civiles armados y, a la inversa, integrantes de esos grupos han pasado a formar parte de organismos estatales.
La Misión encontró pruebas de relaciones de larga data que incluyen respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional. Tuvo motivos razonables para creer que el Gobierno suministró regularmente a los colectivos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio, facilitando así su extensa participación en el aparato represivo estatal.
Los colectivos han desempeñado funciones de vigilancia e inteligencia, identificado y localizado a personas buscadas por los organismos de seguridad y participado en la represión violenta de manifestaciones y en la persecución selectiva de opositores reales o percibidos del Gobierno. Su control sobre consejos comunales, servicios públicos y programas sociales les ha permitido también recompensar la lealtad política y castigar las críticas o la disidencia.
La Misión determinó que, cuando los colectivos ejercen elementos de autoridad pública conferidos por la legislación venezolana o actúan en operaciones específicas por instrucciones, bajo la dirección o el control de órganos estatales, su conducta es atribuible al Estado. Independientemente de si determinados actos concretos son atribuibles al Estado, el Gobierno venezolano incumplió su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por estos grupos.
Los informes serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos el 18 de septiembre de 2026.
FIN
Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado
