En su resolución 57/36, el Consejo de Derechos Humanos expresó su preocupación por el agravamiento de las violaciones y abusos de los derechos humanos y el aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático en el contexto de la crisis postelectoral de 2024, incluido el uso desproporcionado de la fuerza por agentes del orden y por grupos de individuos armados denominados “colectivos”. En ese contexto, el Consejo solicitó expresamente a la Misión que prestara una especial atención en sus investigaciones a la violencia ejercida por dichos grupos.
El presente informe examina el papel desempeñado por los colectivos en el aparato represivo del Estado venezolano desde el año 2014. A partir de entrevistas con víctimas, testigos, antiguos y actuales integrantes de colectivos y exfuncionarios estatales, así como del análisis de documentación y diversas fuentes, la Misión investigó sus características, modalidades de actuación y relaciones con autoridades e instituciones estatales.
El término “colectivos” engloba organizaciones diversas en cuanto a sus orígenes, composición, estructura y formas de actuación. El informe se centra específicamente en aquellos grupos civiles armados progubernamentales que mantienen vínculos directos con autoridades estatales o dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como expresó un antiguo dirigente entrevistado por la Misión, la diferencia entre un colectivo y un grupo criminal radica en que “el colectivo tiene relación con el Estado”. Estos vínculos constituyen una característica definitoria de los grupos examinados.
La Misión constató que esta relación no constituye un fenómeno reciente ni responde únicamente a colaboraciones ocasionales. Durante más de una década, los colectivos se integraron progresivamente en estructuras institucionales y comunitarias, planes de seguridad y mecanismos de movilización política. Recibieron recursos materiales y logísticos, incluidas armas, motocicletas y equipos de comunicación; incorporaron entre sus miembros a funcionarios y exfuncionarios de seguridad; y mantuvieron canales de coordinación con autoridades políticas, cuerpos policiales, fuerzas militares y organismos de inteligencia. Esta integración desdibujó la frontera entre agentes estatales y actores civiles armados.
Naciones Unidas de Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado
